Piquetes: justificación y problemas.

El siguiente argumento justifica la protesta social (piquete):
i) las decisiones que se toman sin la intervención de sus afectados corren riesgo de ser parciales
ii) la única manera que los afectados tienen para intervenir es a través de la protesta social
iii) Entonces, la protesta social está justificada para reducir el riesgo de que las decisiones sean parciales.
Debido a que la imparcialidad es un valor que se debe respetar en todo Estado de Derecho y debido a que si los potenciales afectados no intervienen en la toma de decisiones se corre el riesgo que la decisión sea parcial, entonces es necesario que intervengan.
Si la intervención se vuelve necesaria (a menos que se acepte correr el riesgo de parcialidad) y la única manera de intervenir es a través de la protesta, la protesta es necesaria. Este requisito que Gargarella señala para la imparcialidad (la intervención a través de la protesta) genera un problema que conduce a un resultado parcial.
Quienes protestan (protestadores) saben que su intervención es necesaria para la imparcialidad. Dado que la imparcialidad es un valor general necesario en democracia, los protestadores tenderán a dilatar su intervención generando un dilema a quienes deben tomar la decisión. El tomador de decisión tendrá un dilema entre tomar la decisión sin los protestadores (con riesgo de parcialidad) o convencer a los protestantes para que intervengan (y reducir el riesgo de parcialidad). Como los protestadores, a diferencia de los demás participantes de la formación de la decisión (los legisladores por ejemplo) no tienen institucionalizada su participación, pueden dilatar el proceso de decisión. Los legisladores, los ministros, tienen el deber de formar parte de la toma de decisiones. Sin embargo, los protestadores pueden o no formar parte, debido a que no es obligatorio para ellos intervenir en la toma de decisiones. Sin embargo, como su intervención es necesaria para reducir el riesgo de parcialidad, los tomadores de decisiones querrán incluirlos para no incurrir en una probable parcialidad. La situación sería la siguiente:
i) la participación no institucionalizada a través de la protesta es necesaria para reducir el riesgo de parcialidad.
ii) La imparcialidad es un valor general que quienes toman las decisiones deben asegurar
iii) Por ende, quienes toman las decisiones deben asegurarse que participen los protestadores.

De esta situación se derivan dos características: a) participación necesaria de los protestadores para promover la imparcialidad y b) la no obligatoriedad de su intervención. Por lo tanto, al ser necesaria, pero no obligatoria la participación de los protestadores, estos tenderán a actuar estratégicamente. El protestador sabe que su intervención es necesaria pero no obligatoria, por ende dirá que no va a intervenir. Ante esta actitud del protestador, el que toma la decisión tiene dos opciones: 1) tomar la decisión sin el protestante y correr el riesgo de parcialidad, 2) convencer al protestante para que intervenga.
Si se da la opción 1), estamos en la situación inicial dónde no hay intervención de los afectados en la toma de decisión. Si se da la situación 2), estamos ante un resultado también parcial, debido a que para convencer a los protestantes para que intervengan se les otorgará beneficios que de otra manera no hubieran obtenido.