lunes, 12 de julio de 2010

¡Que el congreso NO apruebe el matrimonio gay!

Sí, seguimos con los títulos sensasionalistas y atrapa-curiosos. Pero nunca metirosos.
No creo que el Congreso deba aprobar el matrimonio gay. No creo que el congreso si quiera deba votar o debatir sobre el matrimonio gay. Creo que esa es una tarea que tiempo atrás debería haber sido resuelta por la Justicia Nacional. Es verdad, probablemente me digan los abogados que la legislación Argentina establece que los fallos judiciales no son vinculantes para otras causas y por lo tanto la única forma de cambiar una ley es a través del Congreso. En ese sentido tienen razón y si esa es la única forma por la cual nuestro sistema puede defender los derechos individuales, adelante.
Sin embargo, mi argumento se orienta hacia aquellos que se preguntan: "Si un plebiscito, expresión pura de las mayorías, rechazaría el matrimonio igualitario, ¿cómo es posible que nuestros representantes lo aprueben?" Precisamente esta pregunta es lo que despierta en mí una alerta y me obliga a oponerme a que temas como éste deban ser tratados como debates que responden a voluntades mayoritarias. No estamos debatiendo aquí de qué color pintar la casa de gobierno o qué nombre ponerle a una nueva autopista. Estamos discutiendo hasta qué punto respetaremos o violaremos los derechos de las personas. En estos casos, no hay mayorías que valgan. Ni mayorías plebiscitarias, ni legislativas ni calificadas.
Los derechos de las personas son de las personas. Y como son de las personas son ellas quienes deben decidir si preservarlos o resignarlos. Ningún grupo puede disponer, por numeroso que sea, qué hacer con los derechos de los otros. Simplemente porque son de los otros.
 
Se comenta que la Corte Suprema ya tiene preparado un fallo a favor del matrimonio homosexual en caso de que el Congreso no lo aprobase. Ojalá sea cierto. No sé como se instrumentaría esta decisión y hasta qué punto su alcance podría acercarse al de una ley. Pero nuevamente, no son las mayorías las encargadas de aprobar o rechazar los derechos de las minorías. Sólo estas minorías pueden tomar esas decisiones. La Justicia o el Congreso deberían velar por que así sea.

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