Al trágico derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza de hace un mes se suma ahora la muerte de dos pobres chicas en Beara este fin de semana. Para evitar que estas desgracias sigan sucediendo, es hora de descubrir lo que se encuentra oculto bajo los escombros.
Aparentemente Beara estaba autorizado a recibir 500 personas en el local. El problema surge cuando 400 de esas 500 personas están saltando en un VIP en el entrepiso. Técnicamente, el local está en regla de acuerdo a la capacidad máxima permitida. ¿Cuál es entonces el problema? El problema son los incentivos.
En el momento en que el Estado autoriza al boliche a funcionar con la sola condición de no superar la capácidad máxima de 500 personas, reduce enormemente los incentivos de los dueños por preocuparse y ocuparse de la seguridad. "Si el estado me dio el OK"-razonan-"entonces evidentemente mi local es seguro y está apto para recibir 500 personas". Es así que los dueños del boliche se desprenden de la responsabilidad que les corresponde simplemente porque el estado es ahora quien la asume. Incluso los mismos consumidores creen poder dejar de preocuparse por la seguridad del lugar donde van a bailar, siempre y cuando el estado lo haya autorizado.
Ahora, si ocuparse de la seguridad de un boliche es difícil ¡cuánto más difícil debe ser garantizar la seguridad de todos los boliches de la ciudad! Esa es exactamente la tarea que el estado ha decidio asumir, relegando en mayor o menor medida a todos los dueños de estos locales bailables.
Porque es el estado, y no los mismos dueños, quien se encarga de la seguridad es que aparecen situaciones ridículamente peligrosas como la de Beara. La capacidad máxima era de 500 personas, y estaba en regla. Pero nada decía la regulación sobre la cantidad de personas que puede estar saltando en el VIP. Y es que como Beara, el estado debe regular miles de boliches que cambian constantemente su infraestructura y su funcionamiento. Unos abren, otros cierran, unos se agrandan, otros se achican, unos organizan recitales. Y en cada mínimo detalle seguimos esperando que el estado, cual Gran Hermano que todo lo ve, esté pendiente y atento de nuestra seguridad. Creo que es hora de cambiar el enfoque.
El Estado debería dejar que los mismos dueños del local sean los encargados
y los responsables de la seguridad. Ellos saben mejor que nadie cuáles son las falencias de sus construcciones y qué medidas deben tomar para evitar un desastre. Pero para que ellos tengan incentivos a tomar estas medidas, deben ser ellos los responsables y no el estado.
Si el problema no fue la capacidad máxima sino la distribución de las personas, se me ocurren dos posibles soluciones. La solución "estatista" sería revisar las autorizaciones de los locales. Incluir clausulas que regulen no solo la cantidad de personas en el boliche sino también la cantidad de personas en cada sala o en los entrepisos. El problema es que dada la infinidad de boliches son también infinitas las dificultades y las particularidades a controlar. Algunos tienen entrepisos endebles, pero otros pueden tener techos bajos, materiales incinerables, salidas angostas, cricuitos eléctricos peligrosos, etc, etc, etc. Es imposible que el estado pueda estar atento a cada uno de estos elementos en cada uno de los boliches de la ciudad. O si no es imposible por lo menos es sumamente difícil. Mucho más realista sería plantear que sean los mismos dueños del local los que se encarguen de la seguridad y ellos, conociendo cada rincón de su establecimiento, dispongan las medidas de seguridad necesarias para evitar un accidente que los convierta en responsables.
Determinar los responsables de esta tragedia no es tarea fácil. La seguridad de los boliches estaría mejor garantizada si fueran los dueños los únicos encargados de la misma. Pero actualmente no es así. El estado ha decidio hacerse cargo en parte de esta tarea. Regulando, autorizando y desautorizando ha creído saber mejor que propietarios y consumidores lo que debe ser considerado apto. En esta tarea, ha fallado.
Quien esté a cargo de garantizar la seguridad de un local debería ser quien responda cuando esa seguridad falla. Hoy en día no queda claro hasta qué punto el estado y los propietarios se dividen la responsabilidad de garantizar la seguridad. Tampoco me queda claro entonces cómo deberían dividirse la culpa.